No hay persecución política en caso Chihuahua y Rocha: presidenta
Claudia Sheinbaum rechazó que exista persecución política contra autoridades de Chihuahua y negó protección al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha
- 07
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Mayo
2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que la investigación relacionada con la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua no representa una persecución política, sino una respuesta a presuntas acciones realizadas fuera del marco constitucional mexicano.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal respondió a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien acusó al gobierno federal de criticar a su administración por combatir al narcotráfico mientras, dijo, se protege al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“Es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas”, afirmó.
Sheinbaum niega protección a Rubén Rocha
Rechazó que exista algún tipo de respaldo político hacia Rocha Moya, quien recientemente quedó bajo la atención pública tras darse a conocer que un tribunal federal de Nueva York lo habría señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sheinbaum insistió en que cualquier procedimiento legal debe estar sustentado en pruebas sólidas y desarrollarse conforme a la ley.
“No actuar sin pruebas y hacerlo siempre dentro del marco constitucional”, sostuvo la mandataria al referirse a la postura del gobierno federal.
Acusa colaboración fuera de la Constitución
En su respuesta, la jefa del Ejecutivo dirigió también críticas hacia las autoridades de Chihuahua, al señalar que en esa entidad sí existieron acciones de colaboración con el gobierno de Estados Unidos fuera de los límites establecidos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
La acusación ocurre en medio de la polémica por la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano y las investigaciones abiertas sobre posibles acuerdos o coordinaciones no autorizadas.
“Lo que sí ocurrió en Chihuahua fue una colaboración con el gobierno de Estados Unidos al margen de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.
México pidió más pruebas a EUA
En el caso de Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de la República recibió una solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno mexicano determinó que la petición no cumplía con los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, vigente desde 1978.
De acuerdo con las autoridades federales, la solicitud carecía de documentación suficiente y de pruebas presentadas por la vía diplomática correspondiente, por lo que México pidió información adicional antes de proceder.
El gobierno federal ha sostenido que esta decisión no representa un bloqueo a la cooperación bilateral, sino el cumplimiento estricto del tratado internacional y del debido proceso.
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