Tribunal impide reabrir sentencias; acota facultad a supervisión

La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, aseguró que el órgano a su cargo no tiene como propósito reabrir la cosa juzgada, no intervenir en sentencias firmes, y que su actuación se limita a revisar el desempeño de jueces y magistrados federales para verificar que sus resoluciones se hayan emitido conforme a derecho.

Al presentar su informe correspondiente a los primeros tres meses de funcionamiento del Tribunal, la magistrada señaló que desde su creación, en septiembre pasado, el Tribunal fue objeto de señalamientos que lo ubicaban como una instancia destinada a manipular la cosa juzgada o a afectar la independencia judicial. Afirmó que esas imputaciones carecen de sustento y no corresponden con la función que ejerce el órgano.

Supervisarán resoluciones judiciales "a fondo"

Maya García explicó que la tarea consiste en supervisar si las resoluciones judiciales se apoyan en los hechos probados y en las pretensiones planteadas por las partes, sin que ello implique revisar el fondo de los asuntos ni alterar lo ya resuelto por los órganos jurisdiccionales.

Precisó que el análisis disciplinario se limita a vigilar el desempeño de quienes imparten justicia en cumplimiento de la normatividad aplicable y los principios generales del derecho. En caso de advertirse una irregularidad, subrayó, la sentencia permanece intocada y la consecuencia se circunscribe a una posible sanción para quien haya incurrido en una mala práctica judicial.

La presidenta del Tribunal indicó además que los cinco magistrados que integran el Tribunal de Disciplina Judicial actúan con apego a la ley y que el órgano comienza a consolidarse como un mecanismo de control interno del Poder Judicial.

Investigan más de 170 denuncias de manera formal

Informó que entre septiembre y diciembre de 2025 el Tribunal recibió 2 mil 168 quejas y denuncias, de las cuales en 179 se determinó iniciar una investigación formal.

Finalmente, sostuvo que la disciplina judicial no constituye una persecución, sino una función constitucional con límites claros, en la que se garantizan la presunción de inocencia, el derecho de audiencia, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

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