Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
El debate por expulsiones en colegios provados en NL crece. Uno de los casos es el del Colegio Montenova donde se señala discriminación a niños con autismo
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Abril
2026
Una nueva polémica se cierne sobre los colegios particulares: la de la expulsión de niños que, a consideración de otros menores o la óptica de los maestros, puedan resultar problemáticos o hasta riesgosos debido a su conducta.
Pero organizaciones de padres de familia —sobre todo de menores con autismo—, diputados locales y abogados afirman que el tema no debe tomarse a la ligera, pues pueden cometerse injusticias y violaciones a la ley, por lo que ya deben crearse protocolos y comités en cada plantel que analicen caso por caso.
Y es que en el caso de los niños con neurodivergencias como autismo, es común que los planteles los discriminen negándoles el acceso, los segreguen cuando son alumnos o los expulsen porque no saben cómo tratarlos y su conducta se les puede salir de control.
Según organizaciones de padres de familia, del 2022 a la fecha, han documentado 300 casos de niños con autismo que han sido rechazados o expulsados de escuelas o colegios debido a su “conducta” propia del espectro y porque los planteles no tienen preparación para gestionar estos casos.
Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido, del 2021 a marzo del 2026, 171 denuncias de padres de familia que se quejan por exclusión de menores en colegios debido a su aspecto o conducta relacionada con el autismo.
Este tema nuevamente resurgió luego de que la semana pasada se diera a conocer el caso de un niño de 10 años que presenta cierto grado de autismo y cuyos padres tuvieron que promover y ganar un amparo para que no lo expulsaran del Colegio Montenova, de la colonia Mirador de la Huasteca, de Santa Catarina.
Supuestamente, el niño agredía a sus compañeros, pero los padres demostraron que no había prueba de ello; por eso lograron que el Tercer Tribunal Colegiado les otorgara una suspensión para que el colegio respetara el derecho a la educación del menor y se le reingresara dándole opciones para no perder el ciclo escolar.
La diputada local del PRD y presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, Perla Villarreal, afirmó que no se debe recurrir a la salida “fácil” de la expulsión, sino respetar los protocolos de la Secretaría de Educación, que consisten en someter el caso a un análisis profundo en el que se escuche la versión de los padres del menor señalado.
“Se tiene que llevar un debido proceso cuando suceden este tipo de cuestiones, y más si es un alumno que tiene algún tipo de neurodivergencia, pues con más ganas hay que tratarlo de una manera adecuada".
"Entonces, ya para que haya escalado a una cuestión de este tipo, pues obviamente se tiene que hacer una investigación correcta. No es nada más expulsarlo, no se puede ni debe”, dijo Villarreal.
Nancy Villarreal, madre de familia, quien ha dado la lucha contra la discriminación en colegios, luego de que su niña Florencia fuera rechazada de varios por presentar autismo, afirmó que muchos colegios, para justificar las expulsiones, están cambiando sus reglamentos a fin de que no puedas combatirlos jurídicamente.
“Es muy lamentable y también es más lamentable escuchar que algunos colegios han modificado los contratos al principio de la inscripción justo para protegerse de todo este tipo de cosas que puedas tú a lo mejor, en algún futuro, denunciar y se protegen mediante sus contratos”, señaló.
Indicó que los padres tienen la obligación de garantizar que sus hijos actúen dentro de los parámetros sociales, pero que también los colegios deben ser consecuentes.
“No, definitivamente no, porque es el derecho de los niños; tanto como nosotros pedir un derecho, pues también tenemos una obligación y la obligación es estar al pendiente de nuestros hijos y darles las valoraciones correctas y las herramientas, pero que el colegio también labore con esas herramientas, se puedan emplear para que todo fluya y que exista la doble empatía tanto con mi hijo como con los demás para que haya un ambiente sano y en paz, o sea, que todo, todo vaya fluyendo bien”, indicó.
El caso Montenova
En el caso del niño amparado, según los familiares, el plantel optó por la exclusión en lugar de adaptar sus protocolos a la neurodivergencia del niño.
Este caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué tan preparadas están las instituciones de prestigio para abrazar la diversidad y evitar la discriminación como solución administrativa?
El caso inició en febrero, cuando el menor, un estudiante de quinto de primaria con diagnóstico de sobredotación intelectual, autismo y microtia, fue suspendido y posteriormente expulsado bajo acusaciones de acoso hacia compañeros y docentes.
Sin embargo, la polémica estalló ante la presunta ausencia de pruebas por parte del plantel para expulsar al menor.
Pese a los señalamientos, la institución formalizó la expulsión del menor el pasado 25 de febrero bajo argumentos de presunto acoso hacia compañeros y docentes, una decisión que la familia calificó como carente de sustento probatorio.
Ante esto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión que obliga al colegio a garantizar la continuidad del proceso educativo del niño, instruyendo incluso el uso de modalidades alternativas.
La normativa estatal en el Artículo 24 del Reglamento de Disciplina Escolar prohíbe explícitamente la expulsión en educación básica y media superior, advirtiendo que ninguna falta justifica la negación del servicio educativo.
Lo que hace este caso históricamente relevante para Nuevo León es el criterio jurídico aplicado.
Bajo la queja 139/2026, el Tribunal determinó que el Colegio Montenova actuó como "autoridad responsable".
¿Qué significa esto? Que, aunque sea una empresa privada, al prestar el servicio de educación, el colegio tiene la misma obligación que el Estado de respetar la Constitución.
Sus reglamentos internos ya no pueden estar por encima del interés superior del menor.
El fallo obliga a la Secretaría de Educación estatal a vigilar que la suspensión sea acatada, haciendo uso de sus atribuciones legales de inspección en el plantel involucrado.
La suspensión provisional obliga a la institución a garantizar la continuidad académica del niño.
No obstante, el Tribunal ha sido pragmático para evitar un ambiente hostil, permitiendo modalidades alternativas como educación a distancia, esquemas personalizados (home school) y acompañamiento académico independiente.
El abogado David Ogaz indicó que, en el caso de la familia que se amparó para que no expulsaran a su hijo, no importa si es privada o es pública; al ser una orden de un tribunal, se debe acatar, ya que esta suspensión busca proteger los derechos del estudiante.
"La suspensión busca proteger que el estudiante pueda seguir cursando el ciclo escolar mediante modalidades alternativas. Estas incluyen educación a distancia, acompañamiento académico independiente o esquemas personalizados como el 'home school', sin afectar su trayectoria escolar".
"El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Entonces, aunque sea una escuela privada, no está exenta de que la consideren como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo”, dijo Ogaz.
Que se investigue cada caso
En entrevista para El Horizonte, Villarreal indicó que tanto escuelas públicas como privadas deben hacer una investigación sobre las conductas del menor, qué quejas hay, si es una reincidencia en el problema, ya que si se expulsa al menor sin pruebas, podría caer en una violación de los derechos humanos.
Al menor que fue expulsado se dijo que era porque agredía a otros niños; sin embargo, los padres aseguraron que ese no era el caso y que su hijo tenía autismo, por lo cual la escuela decidió expulsarlo antes de hacer cualquier otro protocolo.
Ante esto, familiares del menor decidieron interponer un amparo en contra de la escuela para que reincorporaran al menor a las clases, el cual ganaron.
“Yo creo que aquí, pues, lo que se necesita hacer es que el niño se pueda incorporar poco a poco a la cuestión de distancia, que creo que eso se ha estado haciendo y, mediante la investigación correcta, ver y determinar cómo se va a poder ayudar tanto a este niño como a los padres de familia, como a la escuela en general, y también dejar un precedente de que se puedan utilizar bien estos protocolos y que no volvamos a tener una situación semercial".
“Es el último recurso, dependiendo de si ha sido recurrente, si ya se hizo una investigación por parte de la Secretaría de Educación, dependiendo de qué ha pasado en situaciones anteriores; este está como último y, como bien lo dices tú, pero Hasta después de que ya se recorrió todo un protocolo que, obviamente, primero tienes que ver con los intereses de todos”, agregó la diputada.
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