Ejecutan nueva orden de aprehensión a directivo de Proyectos 9

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que continúa el proceso penal contra José “N”, presunto implicado en el millonario fraude inmobiliario de Proyectos 9, luego de que se ejecutó una segunda orden de aprehensión en su contra, con lo que se busca avanzar en la etapa judicial y evitar su liberación.

Autoridades estatales señalaron que el quebranto patrimonial en este caso supera los 700 millones de pesos, afectando cerca de 300 víctimas que interpusieron denuncias por presuntas estafas relacionadas con la venta de bienes inmuebles y desarrollos que nunca se entregaron.

“Ahí van caminando los procesos, en el caso del señor José, se logró ejecutarle otra orden de aprehensión e impidió que se llevara a cabo la libertad de él”, aseguró Javier Flores Saldívar.

José “N” fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social de Apodaca, donde permanece a disposición de un juez de control, y enfrenta procesos por el presunto delito de fraude agravado en el marco de las investigaciones contra Proyectos 9 y otros desarrollos vinculados.

En una audiencia anterior, la defensa intentó frenar el procedimiento argumentando dudas sobre las notificaciones, lo que motivó la reprogramación de diligencias, pero la Fiscalía logró que se ejecutara una nueva orden de aprehensión que garantice la continuidad del proceso.

De acuerdo con el fiscal general, el expediente contiene cientos de denuncias que se siguen recibiendo de forma virtual y presencial, ya que cada día se suman más afectados que señalan haber invertido recursos significativos en proyectos que nunca se concluyeron ni se les entregaron las propiedades adquiridas.

La Fiscalía ha recibido y consolidado demandas de víctimas de distintos municipios metropolitanos, quienes han exigido el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño.

Además de José “N”, otras personas vinculadas al caso han enfrentado recursos legales como amparos y suspensiones.

La Fiscalía continúa con las audiencias iniciales, recopilación de pruebas periciales y entrevistas a víctimas, y confía en que el proceso judicial permita esclarecer las responsabilidades.

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