2025 en resumen: Salen a la luz malas prácticas en hospitales

El 2025 dejó al descubierto una serie de prácticas cuestionables y presuntos abusos en el sistema de seguros de gastos médicos y en la atención hospitalaria privada en México, particularmente en Nuevo León.

A lo largo del año, distintos casos documentados por medios de comunicación, testimonios de afectados y pronunciamientos de legisladores evidenciaron un patrón que combina falta de regulación efectiva, posibles actos discriminatorios, cobros inflados y una relación tensa entre aseguradoras, hospitales y pacientes.

Uno de los casos que mayor indignación social generó fue el de la bebé Milena Sofía Cantú García, una menor de apenas tres meses de edad a quien diversas aseguradoras se negaron a otorgarle un seguro de gastos médicos por haber nacido con síndrome de Down.

El padre de la menor, Raúl Alejandro Cantú González, denunció que corredores de al menos cuatro compañías le informaron que los niños con esta condición “no son asegurables”, salvo que la madre hubiera contado con una póliza antes o durante el embarazo.

La negativa ocurrió incluso antes de que la menor fuera hospitalizada, lo que abrió un debate público sobre si estas prácticas constituyen discriminación por motivos de salud y condición genética.

El caso se agravó cuando Milena fue ingresada de emergencia a un hospital privado tras sufrir una broncoaspiración y una fuerte infección, situación que la mantiene en terapia intensiva.

Al no contar con seguro, la cuenta hospitalaria superó rápidamente los 500 mil pesos y continúa en aumento. Legisladores y expertos en derechos humanos advirtieron que la ausencia de una prohibición explícita en la ley permite a las aseguradoras aplicar criterios internos que podrían vulnerar derechos fundamentales, especialmente tratándose de menores de edad.

A raíz de este caso, se anunciaron iniciativas para reformar leyes de salud y financieras con el fin de impedir rechazos automáticos por condiciones congénitas.

De manera paralela, 2025 también estuvo marcado por múltiples denuncias contra hospitales privados por presuntos cobros excesivos y prácticas irregulares.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Alena Kharissova, una joven de 31 años que denunció al Doctors Hospital Auna, en Monterrey, por inflarle la cuenta médica mediante cargos por servicios no utilizados, estancias hospitalarias innecesarias y medicamentos con sobreprecios de hasta 6,000% respecto a su valor comercial.

Tras exhibir su caso públicamente, Kharissova señaló que el hospital intentó indemnizarla a cambio de que guardara silencio, lo cual rechazó al considerar que vulneraba su derecho a la libertad de expresión.

Este caso puso sobre la mesa una problemática más amplia: la presunta colusión entre hospitales privados y aseguradoras para inflar costos que, posteriormente, se traducen en incrementos desmedidos en las pólizas de gastos médicos mayores.

Legisladores federales señalaron que existen prácticas recurrentes como retener a pacientes una noche adicional sin justificación médica, hospitalizar casos ambulatorios o cargar procedimientos inexistentes, con el objetivo de maximizar los cobros a las aseguradoras.

Durante el año, se documentó que las pólizas de seguros han registrado aumentos de entre 20% y hasta 90% en periodos relativamente cortos, incluso en casos donde los asegurados no hicieron uso del servicio.

Estas alzas, de acuerdo con especialistas y legisladores, se ven alimentadas por la falta de transparencia en los costos hospitalarios y por la ausencia de topes claros en la regulación del sector.

Ante este escenario, el Congreso de la Unión avanzó en 2025 en un paquete de reformas orientadas a frenar los abusos tanto de aseguradoras como de hospitales privados.

Entre las propuestas destacan el establecimiento de límites al incremento anual de las pólizas, la obligación de transparentar costos de procedimientos y medicamentos antes de su aplicación, y sanciones penales para hospitales que retengan a pacientes tras haber sido dados de alta.

Asimismo, se planteó fortalecer las facultades de instancias como Profeco y las secretarías de Salud estatales para supervisar y sancionar malas prácticas.

En conjunto, los casos registrados durante 2025 reflejan un sistema que, según legisladores y organizaciones civiles, ha priorizado durante años la lógica del negocio sobre el bienestar del paciente.

Las denuncias de discriminación, cobros inflados y falta de regulación efectiva colocaron al sector de seguros y salud privada en el centro del debate público, abriendo la puerta a reformas que buscan equilibrar la relación entre empresas, hospitales y usuarios, y garantizar que el acceso a la salud no esté condicionado por prácticas abusivas o vacíos legales.

Comentarios