El juez castiga a Karina con inhabilitación y servicio social
Después de la audiencia, el senador aseguró que se llegó a un acuerdo en donde se estipula un pago por reparación del daño de más de 3mdp
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Marzo
2026
Un juez federal le impuso a la priista Karina Barrón un castigo de cinco puntos, entre los que destaca la inhabilitación para ocupar cargos públicos y realizar servicio social de 30 horas como parte del acuerdo conciliatorio al que llegó con el senador de Morena, Waldo Fernández, quien dijo que el caso sienta un precedente en la lucha contra la guerra sucia.
Esto luego de que el legislador federal le otorgó el perdón en el caso de la demanda por extorsión, la cual dijo que promovió para limpiar su nombre y proteger a su familia, y nunca por sed de venganza.
La orden del juez también incluye una disculpa pública y el pago de $3.2 millones de pesos que irán para asociaciones benéficas.
Tras el acuerdo, Karina "N” y sus dos cómplices saldrán en libertad en las próximas horas.
En la audiencia estuvieron la exsecretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Monterrey y las dos personas que participaron con ella en la fabricación de una denuncia en la que se acusaba de violación al senador, intentando luego extorsionarlo.
Tras 21 días de cárcel, se dictó una suspensión provisional del proceso por 18 meses que vencen el 13 de octubre del 2027.
El castigo ordenado por el juez contra Karina "N”, Déborah "N" y Gustavo "N” consiste en reparar el daño pagando en ese lapso 3 millones 223 mil pesos, cubriendo cada mes 179 mil pesos, parcialidades que deberán empezar a cubrir a partir de este 30 de marzo.
Además, deben dar una disculpa pública en favor del senador y difundirla mediante spots, no ocupar cargos públicos de elección o designación mientras no se cierre el caso, hacer trabajo comunitario, no tener contacto con el legislador y no hablar públicamente del asunto.

En los 18 meses, ellos deberán cumplir con lo ordenado; y si no, se renovará la suspensión, reiniciándose el juicio.
Fernández dijo que el monto de la reparación del daño será donado a instituciones de beneficencia como la Asociación de Tratamiento de Espina Bífida y Nuevo Amanecer.
El juez recomendó a la Fiscalía de Justicia implementar un protocolo para detectar cuanto antes denuncias falsas.
Mi caso sienta un precedente histórico contra la guerra sucia: Waldo Fernández
El senador Waldo Fernández aseguró que el proceso legal derivado de la fabricación de un delito en su contra sienta un precedente histórico en México, al dejar constancia de que la guerra sucia, la mentira y el montaje político sí pueden tener consecuencias legales.
Fernández subrayó que este caso nunca tuvo como propósito la venganza, sino el derecho a la verdad, la defensa de su buen nombre y la protección de su familia, luego de haber sido víctima de una acusación falsa que buscó destruirlo personal, política y públicamente.
“Este siempre fue un asunto de justicia, pero sobre todo del derecho a la verdad. Yo vine aquí como padre de familia a defender mi nombre, a defender a mis hijos y a mi familia”, expresó.
Explicó que, dentro del proceso penal, la defensa de las tres personas vinculadas solicitó una salida alterna prevista en la ley, mediante una suspensión condicional del proceso con medidas concretas de reparación del daño, no repetición y control judicial.
Entre ellas se contemplan disculpas públicas, el reembolso de los gastos patrimoniales y de seguridad asumidos por su familia, restricciones de participación política, medidas de no contacto, acciones de sensibilización y reserva de declaraciones públicas.

El senador precisó que el monto fijado por concepto de reparación del daño asciende a 3 millones 223 mil pesos, recurso que, por decisión familiar, será destinado a la beneficencia pública y a causas sociales, particularmente relacionadas con mujeres y atención social.
“Más que un pago, esto representa el reembolso de todo lo que tuvimos que hacer para cuidar a mi familia, protegernos y enfrentar una mentira de esta magnitud. Pero el buen nombre de mis hijos y de mi familia vale mucho más que cualquier cantidad”, afirmó.
Waldo Fernández destacó que lo más relevante del caso es que quedó acreditado que no se puede utilizar una acusación tan delicada como arma electoral, ni se puede permitir que en la vida pública alguien crea que el fin justifica los medios.
“No le podemos mandar ese mensaje a la ciudadanía. No se vale hacer guerra sucia, no se vale difamar, no se vale fabricar montajes. Con causas tan serias no se juega”, sostuvo.
Asimismo, advirtió que este tipo de prácticas no solo dañan a la persona directamente afectada, sino también a las verdaderas víctimas y a las instituciones encargadas de procurar justicia, por lo que consideró indispensable que el caso sirva para revisar y fortalecer los protocolos de recepción de denuncias, especialmente cuando se trata de delitos sexuales.
Fernández reiteró que este proceso no termina en lo político ni en lo mediático, sino que seguirá hasta esclarecer todas las responsabilidades que existieron alrededor del montaje, incluidas aquellas relacionadas con la actuación de la Fiscalía estatal.
“Aquí nadie ganó. Perdieron muchas familias, perdieron las instituciones y perdió la vida pública. Lo único que hoy puedo decir es que defendí mi nombre, que defendí a mi familia y que la verdad salió a la luz”, concluyó.
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