Ola de cierres revive disputa por costos municipales en Matamoros

Comerciantes de Matamoros señalan que los altos costos de permisos y multas municipales están provocando el cierre acelerado de negocios en la ciudad, mientras que el Ayuntamiento rechaza que las tarifas sean desproporcionadas. La discrepancia ha encendido el debate entre el sector productivo y las autoridades, en medio de una ola de establecimientos que han bajado sus cortinas en los últimos meses.

En las últimas semanas, negocios como El Fortín de Bravo, Zheco's Takos, Maida Nails Forever y diversos puestos del mercado Treviño Zapata dejaron de operar, según sus propietarios, debido a lo que califican como cobros insostenibles por parte del municipio. Una de las primeras en denunciar la situación fue Ana Luisa González, dueña de El Fortín de Bravo, establecimiento con más de 40 años de historia. González afirmó que los gastos por permisos de recolección de basura, inspecciones de protección civil, nómina y renta hicieron inviable continuar.

Sin embargo, el gobierno municipal asegura que las tarifas no son tan elevadas como argumentan los afectados. Julio Hernández, segundo síndico, indicó que el permiso de recolección de basura ronda los 300 pesos y el de protección civil alrededor de 2 mil, cifras que, dijo, “no representan una carga excesiva”.

Esa versión fue rebatida por otros empresarios. Guadalupe Acosta, propietario de la panadería Dos Amores, afirmó que solo por la licencia de uso de suelo debía pagar cerca de 40 mil pesos, monto que lo obligó a buscar alternativas para evitar el cierre de su negocio.

A principios de noviembre, el alcalde Alberto Granados Fávila anunció la condonación de ciertas multas para detener la ola de cierres; sin embargo, comerciantes aseguran que la medida no fue suficiente. Con la llegada de diciembre, más locales decidieron cerrar definitivamente, argumentando que los costos continúan siendo incosteables.

El sector empresarial de Matamoros advierte que la situación genera un clima adverso para la inversión y pone en riesgo la permanencia de comercios locales, así como el patrimonio de las familias que dependen de ellos.

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