Declaran culpables a ocho por ataque a centro migratorio en Texas

Un jurado federal declaró culpables a ocho personas el viernes de cargos de terrorismo relacionados con un tiroteo ocurrido en una instalación migratoria en Texas, un caso que los fiscales federales vincularon con antifa, el movimiento descentralizado de extrema izquierda que se ha convertido en uno de los blancos del gobierno del presidente Donald Trump.

Además, una persona fue declarada culpable de intento de asesinato luego de que, de acuerdo con los fiscales, abriera fuego el verano pasado afuera del Centro de Detención Prairieland, ubicado en las afueras de Fort Worth, hiriendo a un agente de policía.

Autoridades califican el caso como terrorismo

El Departamento de Justicia describió los hechos como un ataque planeado por presuntos operativos vinculados a  antifascismo. No obstante, los abogados defensores rechazaron esa versión, al sostener que no existían vínculos con dicho movimiento y que la reunión se trataba de una manifestación en la que se utilizaban fuegos artificiales antes de que se registraran los disparos.

El proceso judicial fue presidido por el juez federal de distrito Mark Pittman, designado por Trump, durante un juicio que se extendió por casi tres semanas en Fort Worth.

Especialistas jurídicos y observadores siguieron de cerca el caso, al considerarlo una prueba sobre el alcance que puede tener el gobierno al procesar manifestaciones y protestas.

Gobierno de Estados Unidos endurece postura

El director del FBI, Kash Patel, había señalado previamente que se trata de la primera ocasión en la que se aplican cargos de proporcionar apoyo material a terroristas contra personas señaladas de estar vinculadas con antifa.

Antifa no es una organización única, sino un término utilizado para describir a diversos grupos de izquierda que se oponen o confrontan a movimientos neonazis y supremacistas blancos durante manifestaciones.

Defensa niega que existiera un plan de ataque

Los abogados de los acusados argumentaron ante el jurado que no existía un plan para cometer actos de violencia el 4 de julio frente a la instalación ubicada en la localidad de Alvarado.

En total, nueve personas enfrentaron el proceso judicial. Ocho de ellas fueron acusadas de proporcionar apoyo material a terroristas, mientras que el noveno acusado, Daniel Sanchez Estrada, fue procesado por ocultar un documento y conspirar para esconder información, delitos por los que también fue declarado culpable.

Su abogado, Christopher Weinbel, expresó su inconformidad con el fallo y aseguró que le resulta difícil entender la decisión del jurado.

El tiroteo frente al centro de detención

Durante el juicio, los fiscales afirmaron que Benjamin Song, un exreservista del Cuerpo de la Infantería de Marina, gritó “vayan a los fusiles” antes de abrir fuego contra agentes que acudieron al lugar.

Uno de los disparos hirió al teniente Thomas Gross, del departamento de policía de Alvarado, quien testificó que la bala ingresó por su hombro y salió por el cuello.

La defensa sostuvo que no existió un llamado previo a las armas y argumentó que los disparos fueron realizados como “fuego de supresión” después de que el agente desenfundara su arma.

Un caso que pone a prueba la Primera Enmienda

El proceso también ha generado debate entre especialistas legales y organizaciones civiles, ya que los cargos de terrorismo surgieron después de que el presidente Trump ordenara designar a antifa como una organización terrorista nacional.

Críticos del caso consideran que el resultado podría tener implicaciones para el derecho a la protesta protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

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