Perú descarta irrumpir en Embajada de México por Betssy Chávez

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, aseguró este lunes que el Gobierno no contempla ingresar por la fuerza a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la asilada exprimera ministra Betssy Chávez.

De Zela enfatizó que esta opción “ni siquiera se está considerando”, en declaraciones a periodistas que buscan reforzar la posición oficial del Ejecutivo ante el conflicto diplomático con México.

Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión relacionada con el fallido intento de golpe de Estado de 2022, fue otorgada asilo por México y se refugia en la legación desde noviembre.

Desde el inicio de la controversia, el Gobierno peruano ha rechazado replicar lo ocurrido en 2024 en Ecuador, cuando las autoridades ingresaron a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, también asilado, lo que desató un profundo conflicto diplomático en la región.

De Zela subrayó que respetar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas corresponde al derecho internacional, y cualquier acción contraria sería incompatible con los compromisos de Perú en la materia.

Avance de consultas internacionales

Perú aceptó además que Brasil se haga cargo de las sedes diplomáticas mexicanas en Lima, luego de que rompiera relaciones con México a raíz del asilo concedido a Chávez.

El canciller explicó que en una reciente visita a Washington conversó con representantes de países de la Organización de Estados Americanos (OEA) para consultar la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo político y diplomático.

El Ejecutivo peruano sostiene que la figura del asilo ha sido desvirtuada por México al otorgarlo a una persona condenada por delitos comunes, y por ello ha sometido la entrega del salvoconducto, que permitiría a Chávez salir de Perú sin ser detenida, al resultado de esas consultas.

La negativa a considerar una entrada forzada a la embajada ocurre en un contexto de tensiones persistentes entre Perú y México, así como de debates sobre la interpretación del derecho de asilo en América Latina.

Aunque Chávez permanece refugiada, la discusión sobre cómo aplicar tratados internacionales como la Convención de Caracas sigue en curso.

Las autoridades peruanas han enfatizado que cualquier solución debe respetar el marco del derecho internacional, evitando acciones que pongan en riesgo la soberanía o relaciones regionales.

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