Busca Fiscalía judicializar caso de Manuel González

El fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, aseguró que el proceso penal contra el exsecretario General de Gobierno, Manuel González, no está cerrado y que la estrategia ahora es buscar judicializarlo como sea posible.Si no lo ha presentado ante un juez, dijo, es porque el estado no le ha presentado las pruebas y documentos que han requerido.Aunque existen denuncias penales por quebrantos millonarios contra el erario estatal, los exfuncionarios de la administración de Jaime Rodríguez, acusados de desvíos de recursos, no alcanzan la prisión oficiosa por dichos delitos señalados, afirmó el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza.En entrevista con Azteca Noreste, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, insistió en que el Estado no les ha entregado una auditoría definitiva en los casos de Isssteleón en el que está involucrado el exsecretario General de Gobierno, Manuel González por eso no los ha “judicializado”.Por lo tanto, recalcó, ni González, ni el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, pueden por el momento pisar la cárcel pues el desvío de recursos no amerita prisión oficiosa. Sin embargo de documentarse las acusaciones en su contra, el panorama puede cambiar.“Nosotros seguimos con las investigaciones y habría que ver, porque ya el término meter a la cárcel, es un término que anteriormente se suscitaba, ahorita con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio tenemos que ver si es un delito de los que puede haber una prisión oficiosa o no puede haber una prisión oficiosa.“No es porque uno no quiera (aplicarles la prisión oficiosa) sino uno tiene que acatar las normas establecidas por el órgano legislativo correspondiente que establece y a nivel federal también, cuáles son los delitos que merecen prisión oficiosa y dentro de los que tenemos ahorita dentro del desvío ese, no tenemos una prisión oficiosa.“La mayoría de los delitos de los que son competencia de aquí de la Fiscalía no son de prisión oficiosa, entonces nosotros tenemos que llevar todo el juicio en caso de que los judicialicemos para el efecto de que el juez al final determine si son responsables o no son responsables de la comisión de un ilícito”, señaló Garza y Garza.El pasado 20 de enero, El Horizonte publicó que ha pasado más de un año que se presentaron denuncias por dicho caso que involucra un contrato de más de $4,000 millones de pesos en el caso Issteleón.En el caso de Vital, es por la compra de vagones del metro en lo cual el contrato fue por $1,200 millones de pesos.“Hemos estado trabajando precisamente en cada uno de los casos, cada uno tiene su connotación distinta con relación a los hechos y a las pruebas que nos han aportado precisamente, la Contraloría del Estado o los entes que han presentado las denuncias”, explicó.Agregó que las investigaciones no expiran pese al tiempo transcurrido, pero se tiene que esperar a que se determine por un juez si existe o no responsabilidad de los exfuncionarios y el órgano actuará si se tienen “pruebas suficientes”.“Las esperanzas que se tienen para efecto de llegar son tratar de que se condene y tratar de llegar a unas consecuencias, pero hay que ver las limitantes”, concluyó Garza y Garza.

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