Va Sheinbaum contra el 'mercado negro del agua' con nueva ley
Claudia Sheinbaum aseguró que la nueva Ley de Aguas pone fin al 'mercado negro' del recurso. Se eliminan concesiones irregulares y se aplicarán multas
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Marzo
2026
El Gobierno federal defendió la nueva Ley de Aguas como un punto de quiebre en el manejo del recurso hídrico en México, al asegurar que pone fin a prácticas como el acaparamiento, la especulación y el uso ilegal.
Durante la conferencia matutina de este lunes, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, afirmó que la reforma elimina la transferencia de concesiones entre particulares, mecanismo que durante años permitió la creación de un mercado irregular.
“Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios y da paso a un sistema que privilegia el derecho humano al agua”, sostuvo.
Concesiones infladas y ganancias millonarias
Autoridades explicaron que bajo el esquema anterior, títulos otorgados para uso agrícola terminaban en actividades industriales o inmobiliarias sin control.
Como ejemplo, se expuso un caso en Zacatecas donde siete concesiones originales se convirtieron en 50, generando ganancias de hasta $54 millones de pesos para un solo particular.
Señalan uso indebido en Querétaro
Durante la exposición también se mencionó a la familia del diputado federal Mario Calzada, en Querétaro, por el uso de concesiones agrícolas, que no pagan derechos, para fines distintos.
De acuerdo con el Gobierno, el agua era utilizada para abastecer desarrollos inmobiliarios y comercializarse en pipas.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó estas prácticas:
“Mientras la gente a un lado no tiene agua, se utilizaban concesiones agrícolas para lucrar”.
Agregó que dichas concesiones ya fueron retiradas y los aprovechamientos clausurados.
Detectan redes de extracción ilegal
La Conagua también documentó casos de perforación ilegal de pozos en Nayarit, donde el agua era vendida en pipas con precios de hasta $5,000 pesos.
Mientras que en Baja California Sur, específicamente en Los Cabos, se detectaron tomas clandestinas conectadas a acueductos, donde el recurso era desviado antes de llegar a la población.
Con la nueva legislación, estas prácticas podrán ser castigadas con mayor rigor. Morales López detalló que las sanciones incluyen multas de hasta $3.5 millones de pesos, así como penas de prisión de hasta cinco años.
Además, la autoridad podrá clausurar instalaciones, cancelar concesiones y recuperar volúmenes de agua para su redistribución.
Por otra parte, el Gobierno federal sostiene que la reforma busca garantizar el acceso equitativo al agua y evitar que el recurso siga siendo tratado como mercancía.
“Lo que se busca es que el agua deje de ser un privilegio de unos cuantos y se convierta en un derecho efectivo para toda la población”, remarcaron autoridades.
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