Acusan a sampetrino por fraude de $20 millones en inmobiliaria

Por el presunto desfalco de $20 millones de pesos en un proyecto inmobiliario que resultó ser “fantasma”, la empresa regia “Inmobiliaria Avondanz S.A. de C.V.”, denuncio penalmente al empresario sampetrino Gabriel Quirós quien es identificado como presidente del consejo de la empresa Anthem Capital.

Quirós Sada, según la denuncia, ofreció invertir en una torre de lujo que se construiría en Culiacán, Sinaloa, lo cual resultón ser un “proyecto fantasma” porque se no colocó “ni un ladrillo”.

La empresa señalada operaba desde oficinas ubicadas en la avenida Gómez Morín, dentro del edificio Kerkus, de la colonia Residencial Chipinque de San Pedro.

De acuerdo con el expediente judicial, Gabriel “N”, enfrenta un proceso penal por el delito de fraude y actualmente es considerado prófugo de la justicia luego de incumplir una orden judicial que le exigía prisión preventiva justificada.

Según el portal de internet del proyecto se habrían realizado diversas gestiones y reuniones relacionadas con el desarrollo inmobiliario que motivó la querella, pero la actividad en redes sociales y registros públicos, de la compañía dejó de actualizarse desde el año 2020.

Los hechos que dieron origen al caso se remontan a diciembre de 2017, en esa fecha, representantes de la empresa Inmobiliaria Avondanz S.A. de C.V. sostuvieron un encuentro con el empresario, quien se presentó como desarrollador inmobiliario con experiencia en proyectos de hoteles, edificios corporativos y complejos residenciales.

Durante la reunión promovió un plan denominado “Estela Corporate Center”, que presuntamente consistía en la construcción de un complejo de oficinas y departamentos en Culiacán, Sinaloa.

Presuntamente el empresario aseguró que el desarrollo contaba con respaldo financiero e incluso tenía preautorizado un crédito por encima de los $600 millones de pesos para su construcción.

Con base en esa información, ofreció a los inversionistas participar en el proyecto mediante un esquema de aportación de capital que sería convertido en acciones dentro de la empresa responsable del desarrollo.

La propuesta consistía en que los inversionistas obtendrían participaciones económicas proporcionales al monto aportado, mediante la emisión de títulos de la desarrolladora.

El acuerdo formal se firmó el 05 de septiembre de 2018 mediante un contrato de inversión en el que también participó un presunto representante legal de la firma, identificado como Rogelio “N”. a partir de ese momento comenzaron las transferencias del capital comprometido.

La empresa inversionista realizó tres depósitos bancarios que en conjunto sumaron $20 millones de pesos.

El primero se efectuó pocos días después de la firma del contrato por un monto de $12 millones de pesos, posteriormente se realizaron dos transferencias adicionales de 4 millones de pesos cada una entre los meses de octubre y noviembre de ese mismo año.

Durante los años posteriores, los inversionistas comenzaron a manifestar inquietudes sobre el avance del proyecto, ya que la construcción debía registrar progresos importantes conforme al cronograma presentado.

Incluso se contemplaba que para finales de 2022 se entregaran oficinas y departamentos a los compradores.

Ante versiones de que el desarrollador enfrentaba problemas de liquidez, los inversionistas decidieron viajar a Culiacán para verificar el estado del terreno donde se suponía se edificaría el complejo corporativo.

Pero no existían cimientos, estructuras ni maquinaria de construcción, y el terreno se encontraba prácticamente vacío, delimitado únicamente por anuncios publicitarios relacionados con el proyecto inmobiliario.

Tras confirmar la ausencia de construcción, los inversionistas interpusieron la denuncia penal, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

Como resultado de las indagatorias, el 26 de junio de 2024 un juez determinó vincular a proceso a Gabriel “N” por el delito de fraude.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía solicitó que se le impusiera prisión preventiva; sin embargo, en ese momento el juez decidió aplicar otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y la entrega de sus documentos migratorios.

Ante esto, el imputado promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León para impugnar la vinculación a proceso y las medidas cautelares impuestas.

No obstante, el 14 de abril de 2025 una jueza federal resolvió negar la protección de la justicia, con lo que el proceso penal en su contra continuó vigente.

El 29 de enero de 2026, una magistrada de la Sala Penal determinó modificar las medidas cautelares y ordenó que el acusado fuera sujeto a prisión preventiva justificada.

En la resolución se le otorgó un plazo de 24 horas para presentarse voluntariamente en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte.

El empresario no acudió a cumplir con la orden judicial, por lo que las autoridades emitieron una nueva orden de aprehensión en su contra.

El 20 de febrero de 2026 el imputado promovió otro recurso de amparo con el objetivo de evitar su captura; sin embargo, el 27 de febrero la autoridad federal negó la suspensión definitiva solicitada, por lo que la orden de detención permanece vigente.

Existen indicios de que otras personas también habrían aportado recursos para proyectos promovidos por el mismo empresario.

El monto total de las inversiones comprometidas, según afectados, podría superar los $100 millones de pesos, cifra que forma parte de las investigaciones que actualmente continúan en desarrollo.

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