Aprueba SCJN que UIFE sea de la Fiscalía pero le quita facultades
La sentencia valida las reformas realizadas en 2022 por la pasada legislatura, cuando el PRI y el PAN tenían mayoría en el Congreso del Estado
- 09
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Febrero
2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría que no hay ningún tipo de irregularidad o ilegalidad en la reforma en donde se indica que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) pase a manos de la Fiscalía General del Estado, pero no podrá congelar cuentas.
La sentencia valida las reformas que fueron hechas en el 2022 por la pasada legislatura, cuando el PRI y el PAN eran mayoría en el Congreso del Estado, el cual fue impugnado por el gobernador Samuel García en ese entonces; sin embargo, eliminaron el último párrafo en donde se especificaba que este órgano podía congelar cuentas.
"El Congreso local sí tiene facultades para precisar en una ley las facultades de una nueva Fiscalía para actuar en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos fiscales".
“Ya que dicha actividad no constituye una función exclusivamente administrativa que afecte las facultades del Poder Ejecutivo local", se lee en el documento de la sentencia.
El ministro Arístedis Rodrigo Guerrero García indicó que el Congreso de Nuevo León no tiene facultades para establecer reglas sobre el aseguramiento de bienes o para congelar cuentas financieras, ya que esas acciones forman parte del procedimiento penal, el cual es responsabilidad del Congreso de la Unión legislar.
Sin embargo, la creación de la nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera del Estado de Nuevo León es legal, dejando sin fundamentos los señalamientos que decían que el Congreso Local habría invalidado tareas del gobernador.
Se aclaró que la investigación de delitos como el lavado de dinero no es exclusiva del Poder Ejecutivo, ni tampoco de la Tesorería, por lo cual se validó que el Poder Legislativo creara esta Fiscalía de Delitos Financieros.
De igual manera, en la sentencia se dijo que el proceso legislativo del 2022 fue correcto y no había motivo legal para anular la ley, a pesar de cómo se hicieron las sesiones o que no se estableció un presupuesto para esta fiscalía.
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