Asfixian por falta de 'permisos' a vivienda vertical
Desarrolladores reportan retrasos de más de dos años en permisos que frenaron proyectos y generaron pérdidas, aunque algunos ya comienzan a reactivarse
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Abril
2026
Desarrolladores inmobiliarios en Monterrey señalan haber sido afectados por decisiones administrativas en materia de permisos durante la pasada gestión municipal, situación que derivó en la paralización de proyectos por más de dos años.
En particular, se ha planteado que los retrasos obedecieron a la forma en que se gestionaron los trámites en la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo que impactó directamente a inversiones ya en marcha.
Las afectaciones se atribuyeron específicamente a los manejos en permisos de Laura Ballesteros durante la administración encabezada por Luis Donaldo Colosio Riojas durante el periodo 2021-2024.
Uno de los casos que ilustra esta situación es el de Quantium Desarrollos, firma responsable de tres proyectos de vivienda vertical, llamados Torre Alejandria, Akira y Alaia Cumbres.
Estas obras, pese a contar con permisos iniciales, estudios de factibilidad y respaldo financiero, quedaron detenidas ante la imposibilidad de renovar autorizaciones necesarias para continuar su construcción.
En entrevista con El Horizonte, Pedro Dávila, directivo de la empresa, afirmó que los cambios en los procesos administrativos provocaron que las solicitudes de renovación quedaran sin respuesta durante un periodo prolongado, lo que generó consecuencias económicas importantes para la desarrolladora.
“Nosotros tenemos la tenencia de los terrenos, los permisos que hoy están en proceso de renovación. En este momento, ya salió un permiso para Torre Alejandría; exactamente la semana pasada nos lo dieron y eso permite que las obras empiecen a arrancar otra vez".
“No es que nos hayamos quedado su dinero como desarrolladores y con eso pagamos las obras, es que el tiempo que pasó fue mucho, que no dieron renovaciones y eso fue erosionando, porque nosotros mismos seguimos pagando interés al banco; tenemos cerca de dos años y medio con las obras detenidas y pagando los intereses al banco del monto que alcanzó el banco de invertir en la obra”, señaló Dávila.
El directivo subrayó que los proyectos no solo estaban en fase de planeación, sino que presentaban avances físicos significativos al momento de su detención, lo que agravó el impacto financiero al tener que cubrir intereses bancarios sin generar progreso en obra.
“En el trienio 2021-2024 hubo como un ajuste administrativo por parte del municipio y del estado donde cambiaron los procesos internos y cambiaron los reglamentos. Imagínate, en este momento tan complicado, que nosotros sacamos los permisos, salimos a prender, sacamos nuestro crédito puente y cuando llegamos a renovar los permisos, nos dicen: 'La ventanilla está cerrada, no hay renovaciones'".
“Entonces las obras se quedaron en un nivel de avance; por ejemplo, Alejandría se quedó en la loza 11, Akira, que sí tenía un pozo para los estacionamientos subterráneos, se quedó en ese, en ese punto, en ese pozo, y Alaia se quedó en un 43% de avance de obra; son 43,000 metros cuadrados de loza ya colados”.
Pese a este panorama, recientemente se ha registrado la liberación de algunos permisos, lo que ha permitido que al menos uno de los desarrollos retome actividades.
No obstante, los otros proyectos continúan en proceso de regularización.
El caso pone al descubierto la necesidad de garantizar certeza jurídica y continuidad en los procesos administrativos, especialmente en un sector que depende de la coordinación institucional para concretar inversiones de gran escala.
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