Brasil contrata abogados de EUA para responder a las sanciones

El Gobierno de Brasil contrató a un bufete de abogados de Estados Unidos para defender sus intereses ante las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, de acuerdo con el Ministerio Público Federal del país.

De acuerdo con el Ministerio, el contrato es con el estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, que tiene a más de mil abogados en sus 16 sedes en diferentes países y acarrea una "larga experiencia" en litigios internacionales relacionados con asuntos regulatorios y comerciales.

El bufete brindará servicios de consultoría y elaboración de dictámenes, así como asesoramiento jurídico en tribunales estadounidenses sobre las medidas arancelarias.

Además de esto, tendrá injerencia para intervenir sobre cualquiera de las medidas punitivas impuestas por Estados Unidos en contra de los intereses de Brasil, o de sus empresas y agentes públicos.

Esto último incluye tarifas, denegaciones de visados, bloqueo de activos y restricciones financieras, de acuerdo a la información oficial.

En el último tiempo, Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones contra Brasil, entre las que se encuentra la imposición de un arancel del 50 % adicional a gran parte de las importaciones del país suramericano.

Este es uno de los porcentajes más altos aplicados por Donald Trump a uno de sus socios comerciales.

Trump argumentó que esta decisión de imponer aranceles al país sudamericano es debido a motivos principalmente políticos, como una supuesta persecución judicial y política al expresidente Jair Bolsonaro, quien fue procesado por golpismo en la Corte Suprema.

El mandatario estadounidense también revocó el visado de miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, entre ellos el del juez Alexandre de Moraes, que tiene a cargo las causas que involucran al expresidente ultraderechista, en un intento de ejercer presión sobre estos para bloquear el juicio que podría condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados a más de 40 años de prisión.

Pese a esto, la fase final del proceso judicial que involucra al expresidente empezará el próximo 2 de septiembre en la Corte Suprema.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene otros 17 contratos con estudios de abogados en once países con este mismo fin, que suelen ser utilizados en procesos de extradición o en la recuperación de activos retenidos en el exterior.

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