¿Cuáles son los cargos que rechaza el alcalde de Culiacán?

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, solicitó licencia temporal en medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de EUA que lo vinculan con el grupo criminal conocido como Los Chapitos. El funcionario ha rechazado los señalamientos y sostiene que no tienen fundamento.

El caso forma parte de una investigación más amplia que incluye a otros funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, lo que ha generado tensión política y cuestionamientos sobre las pruebas presentadas por autoridades estadounidenses.

¿Qué cargos le imputan al alcalde de Culiacán?

De acuerdo con las investigaciones en EUA, Gámez Mendívil es señalado por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico y armas. Entre los principales cargos destacan:

• Conspiración para importar drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
• Recepción de sobornos presuntamente provenientes de “Los Chapitos” para permitir sus operaciones en Culiacán.
• Protección a actividades delictivas, al influir en corporaciones de seguridad para evitar detenciones.
• Conspiración y posesión de armas de alto poder, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estos actos habrían facilitado el tráfico de drogas y la operación del grupo criminal en la región.

¿Cuáles son los cargos que el alcalde rechaza?

El propio Gámez Mendívil ha negado todos los señalamientos en su contra, principalmente aquellos relacionados con:

• Vínculos directos con el narcotráfico.
• Colaboración con “Los Chapitos”.
• Recepción de dinero ilícito o sobornos.
• Uso de su cargo para facilitar operaciones criminales.

El alcalde ha señalado que las acusaciones “no tienen fundamento” y aseguró que su actuación ha sido conforme a la ley, rechazando cualquier relación con grupos delictivos.

¿Por qué pidió licencia al cargo?

La solicitud de licencia se da en el contexto de las investigaciones abiertas tras las acusaciones de EUA, con el objetivo de no interferir en el proceso. Otros funcionarios señalados también han tomado medidas similares mientras se revisan los señalamientos.

El caso continúa en desarrollo y será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar la validez de las acusaciones en territorio mexicano.

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