Senador señalado por EUA rechaza que vaya a pedir licencia

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, rechazó las acusaciones formuladas en su contra por una corte federal de Estados Unidos, que lo vinculan con presuntos nexos con el narcotráfico, y aseguró que no solicitará licencia al cargo, al sostener que se trata de imputaciones “falsas y dolosas”.

En una declaración, el legislador subrayó que continuará con sus funciones en el Senado de la República, al considerar que no existe motivo legal ni político para separarse del cargo. Afirmó que la responsabilidad que le otorgaron los ciudadanos de Sinaloa debe cumplirse con integridad y apego a la ley.

Inzunza Cázarez también indicó que, aunque desestima los señalamientos provenientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acudirá a cualquier llamado de las autoridades mexicanas, particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de sus atribuciones constitucionales. Reiteró que su postura será la de colaborar institucionalmente sin renunciar a su derecho de defensa.

El senador enfatizó que cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, donde se desempeñó como magistrado presidente durante casi 11 años, experiencia que —dijo— respalda su actuación pública y su compromiso con el Estado de derecho.

Asimismo, sostuvo que las acusaciones surgen en un contexto político complejo, marcado por tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y soberanía.

En ese sentido, recordó que recientemente fijó postura en tribuna en defensa de la soberanía nacional, lo que, sugirió, coincide temporalmente con la difusión de los señalamientos en su contra.

El legislador reiteró que permanecerá en Sinaloa y que no tiene intención de evadir ningún proceso. “No tengo nada que temer”, expresó, al insistir en que enfrentará las acusaciones desde su posición como senador.

Inzunza forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y preside la Comisión de Estudios Legislativos, instancia clave en el análisis de iniciativas y reformas. Desde ahí, aseguró, continuará con su labor legislativa mientras se desarrollan los procesos legales correspondientes.

El caso se da en medio de una serie de investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, lo que ha generado un entorno de presión política y cuestionamientos sobre la relación bilateral en materia de combate al crimen organizado.

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