Inhabilitan a funcionarios por corrupción en la Policía Federal
Dos altos mandos de la entonces Policía Federal desviaron el pago de más de 65 millones de dólares, destinados a cubrir las obligaciones contractuales
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Mayo
2026
En un golpe contundente contra la corrupción en las instituciones de seguridad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitaciones de hasta 20 años y sanciones económicas millonarias a ex servidores públicos de la extinta Policía Federal, tras acreditarse faltas administrativas graves.
Las sanciones son el resultado de las investigaciones lideradas por la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las cuales descubrieron un millonario esquema de desvío de recursos públicos.
El esquema del desvío
De acuerdo con los expedientes oficiales, las irregularidades se originaron a partir de un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.
Dos altos mandos de la entonces Policía Federal desviaron el pago de más de 65 millones de dólares (MDD), capital que estaba estrictamente destinado a cubrir las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de dicha compañía global de defensa.
Los sancionados y sus castigos
El TFJA determinó la responsabilidad directa de dos exfuncionarios clave de la corporación, aplicando las siguientes sanciones:
- Frida M. (Exsecretaria general): Inhabilitada por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, además de una indemnización económica.
- Damián C. (Ex titular de la División de Inteligencia): Inhabilitado por 15 años y sujeto también a una sanción financiera.
Nota: El monto total de las indemnizaciones económicas impuestas a los sancionados asciende a más de 65 millones de dólares, equivalente al daño patrimonial causado.
Investigación penal en curso
La ruta de la justicia no terminará en el terreno administrativo. Los hechos ya fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes que podrían derivar en penas de prisión.
Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lanzó un mensaje tajante tras darse a conocer el fallo:
"Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias. Continuaremos actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público".
Llamado a la denuncia ciudadana
Las autoridades recordaron que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre el gobierno y la sociedad, calificando la denuncia como un deber cívico para proteger el erario. En ese sentido, se invitó a la población a reportar cualquier acto irregular de manera confidencial a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas en el sitio web: buengobierno.gob.mx.
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