La Nueva Corte: 100 días de resoluciones y año de definiciones

En el cierre de 2025, la llamada Nueva Suprema Corte resolvió más de 350  asuntos y, en ese tramo breve, el Pleno fijó criterios que cruzan la vida pública y la vida cotidiana como el control del poder local, derechos de grupos vulnerables, reglas para autoridades, límites a cobros, acceso a la información y certeza para decisiones administrativas y judiciales. Fue un arranque de resoluciones que impactaron en municipios, congresos locales e instituciones federales.

Pero la tensión se concentra en 2026. Los asuntos por resolver pondrán a prueba su independencia frente a una percepción de “ministros a modo” que emanaron de una elección cuestionada por la presunta existencia de acordeones. 
Su autonomía quedará bajo la lupa en expedientes que tocan justicia penal, economía, derechos humanos, transparencia, impugnaciones y políticas del sexenio pasado, pero sobre todo, temas relacionados con la Cuarta Transformación. 

Sus primeros 100 días de resoluciones

Autonomía y paridad en Morelos

El Pleno de la Suprema Corte validó el decreto del 17 de julio que obliga a partidos y candidaturas independientes a postular únicamente mujeres en once municipios de Morelos en el próximo proceso electoral, como acción afirmativa para revertir la subrepresentación femenina. Con base en el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, desechó la impugnación de Movimiento Ciudadano, que alegaba afectaciones a la autoorganización partidista y a la progresividad de los derechos políticos, al concluir que la medida es legítima y razonable para avanzar hacia la paridad sustantiva.

La Corte elimina trabas para la revocación de mandato en Oaxaca

La Suprema Corte anuló los requisitos más restrictivos de la Ley de Revocación de Mandato de Oaxaca al considerar que limitaban de manera desproporcionada el derecho ciudadano a solicitar la consulta sobre la permanencia del gobernador Salomón Jara Cruz. Por ocho votos contra uno, el Pleno avaló el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía y declaró inconstitucionales las reglas aprobadas el 10 de septiembre que obligaban a reunir el 10 % de firmas en al menos 286 municipios. La sentencia ordenó regresar al texto previo del artículo 25, que mantiene el umbral del 10% del padrón en la mitad más uno de los municipios, pero sin imponer mínimos obligatorios por municipio, con lo que se despeja el camino para el primer proceso estatal de este tipo, previsto para el 25 de enero.

Violencia vicaria, reformas federales confirmadas

La Corte reconoció la validez de reformas federales que incorporan la figura de violencia vicaria en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal. Sostuvo que no vulnera igualdad ni no discriminación y que esta protección diferenciada es válida por la desigualdad histórica y estructural contra las mujeres. También precisó que niñas, niños y adolescentes pueden recibir tutela por otras vías legales cuando resulten afectados.

Veracruz y sanción por violencia física y psicológica contra mujeres

Validó la disposición del Código Penal de Veracruz que sanciona violencia física y psicológica contra mujeres. Señaló que la norma define con precisión elementos del delito y establece una protección legítima y proporcional frente a distintas manifestaciones de violencia. En lo práctico, respaldó que el tipo penal esté redactado con claridad suficiente para aplicarse sin arbitrariedad.

La Corte reconoce la participación política de los pueblos indígenas en Nayarit

La Suprema Corte reforzó la representación indígena en Nayarit al confirmar que ninguna condición administrativa puede limitar su participación municipal, validar el esquema para elegir representantes conforme a sus sistemas normativos y anular disposiciones que la reducían a un papel testimonial o imponían restricciones indebidas.

Derechos de personas con discapacidad y salud mental

La Corte declaró inválido el artículo 145 del Código Civil de Veracruz, que imponía tutela automática a personas con discapacidad tras el divorcio, al considerar que la medida negaba su capacidad jurídica. La resolución señaló que el Estado debe proporcionar apoyos para la toma de decisiones sin sustituir la voluntad de las personas.

En Chihuahua, el Pleno invalidó la Ley de Salud Mental al no haberse consultado a las personas con discapacidad psicosocial. La Suprema Corte reiteró que la consulta previa es una obligación constitucional cuando una norma incide directamente en derechos de grupos vulnerables. En Guerrero, también se declaró inválida la definición de “persona con discapacidad” contenida en su ley local por basarse en un modelo médico asistencialista.

Igualdad y comunidad LGBT+

Los ministros determinaron que ninguna práctica destinada a alterar la orientación sexual o la identidad de género puede presentarse como tratamiento médico o psicológico. Al revisar el artículo 243 Ter 1 del Código Penal de Yucatán, que tipifica las llamadas terapias de conversión, la Suprema Corte eliminó la expresión “libre desarrollo de la personalidad” por considerar que su redacción era ambigua y podía dar lugar a interpretaciones erróneas.

Derecho a la familia y seguridad social

El Pleno reconoció derechos a pensión y servicios médicos para concubinas y concubinos de las Fuerzas Armadas, y validó el requisito de semanas cotizadas de la Ley del Seguro Social de 1973 para pensiones por viudez y orfandad, siempre que no genere trato desigual entre hombres y mujeres.

Protección frente a cobros indebidos y justicia cívica

La Corte invalidó cobros municipales desproporcionados por trámites, copias o digitalización al señalar que sólo puede cobrarse el costo real del servicio, y anuló sanciones por “faltas a la moral” y “escándalos en vía pública” en Tlaxcala por ser conceptos vagos que abrían la puerta a abusos.

Control del tabaco y salud pública

Validó las reformas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíben fumar en espacios donde se sirvan alimentos o se realicen actividades sociales. Concluyó que la medida es razonable, protege la salud de las personas no fumadoras y cumple con los compromisos internacionales en materia sanitaria.

Educación y equidad social

En Yucatán, respaldó el programa estatal que entrega paquetes escolares gratuitos a estudiantes de primaria y secundaria, al considerar que la medida promueve la igualdad de oportunidades.

También confirmó la validez de las tablas de valores del municipio de Mérida para calcular el impuesto predial, al comprobarse que fueron elaboradas con estudios técnicos.

La Suprema Corte a juicio en 2026, entre la independencia y el sometimiento

Prisión preventiva oficiosa

La Suprema Corte prevé discutir en 2026 la constitucionalidad y el alcance de la prisión preventiva oficiosa, una figura de alta controversia cuya resolución ha sido pospuesta y quedará en manos de la nueva integración. En el debate pesa el criterio de la Corte Interamericana, que la consideró incompatible con la Convención Americana; y, de eliminarse, no implicaría liberaciones automáticas, sino exigir justificación caso por caso. La medida está prevista en el artículo 19 constitucional para un catálogo de delitos graves y hoy mantiene a una parte relevante de la población penitenciaria sin sentencia.

Diferencia entre salarios mínimos y UMAs

La Corte revisará un proyecto para definir si las indemnizaciones por fallecimiento deben calcularse con salarios mínimos o con UMAs. El caso reabre el debate sobre el uso de ambas referencias, considerando que el salario mínimo opera como parámetro laboral y de seguridad social, mientras la UMA se creó para multas, sanciones y otras obligaciones desindexadas del salario. El fallo determinará cuál criterio aplica a indemnizaciones por muerte y mantendrá vigente la discusión sobre su correcta utilización.

Consulta previa a personas con discapacidad

Otro pendiente clave es definir el alcance de la consulta previa a personas con discapacidad en normas que les afecten. Tras audiencias públicas realizadas en octubre de 2025, el debate se concentra en si la falta de consulta debe invalidar automáticamente una ley o si procede un análisis caso por caso. La Corte suspendió la resolución de la acción de inconstitucionalidad 182/2024 para retomar el asunto en 2026, decisión que será determinante para la participación efectiva de este sector.

La doble tributación del IVA en operaciones aduaneras, caso Samsung

La Suprema Corte deberá unificar criterios sobre si el SAT puede cobrar dos veces IVA en operaciones de la industria maquiladora, en el contexto de empresas IMMEX como Samsung. El tema se analizará en la Contradicción de Criterios 8/2025 y definirá si el impuesto se paga una sola vez o en ambas etapas señaladas por la autoridad fiscal. El caso es de alto impacto por sus implicaciones para la seguridad jurídica del sector y la competitividad de las operaciones.

Despenalización del aborto (revisión de semanas)

El pendiente para 2026 no es la despenalización federal del aborto, sino la revisión de los límites de semanas de gestación para acceder a la interrupción legal del embarazo. Tras el criterio de septiembre de 2023, el nuevo debate se enfocará en si las entidades pueden reducir unilateralmente plazos como el de doce semanas, con proyectos que plantean recortes a seis. La decisión definirá la uniformidad del acceso y el alcance de los límites temporales para ejercer el derecho.

Impugnaciones de leyes del sexenio pasado

La agenda de 2026 incluye impugnaciones relevantes contra reformas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aún pendientes de resolución definitiva. Entre ellas están el Plan B electoral, la creación del IMSS Bienestar, reformas que permiten a la Sedena ser propietaria y administradora de aeropuertos y operar Mexicana, así como la reforma a la Ley Minera. También permanecen proyectos sobre el congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial; en conjunto, estos asuntos definirán la validez de pilares legales del sexenio anterior y podrían fijar nuevos precedentes.

Comité de Transparencia de la Suprema

Tras más de tres años sin sesionar, el Comité de Transparencia fue reactivado y el reto para 2026 será abatir más de 80 recursos de revisión rezagados desde 2019 y fortalecer el acceso público a las sentencias. La Corte señaló un rezago histórico heredado, con miles de solicitudes acumuladas y 863 días sin sesiones del comité especializado. Para 2026, el objetivo es modernizar procesos, avanzar hacia transparencia proactiva y atender obligaciones de publicación íntegra de sentencias, con medidas de accesibilidad y herramientas digitales.

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