Denuncian fraude en trámites de aumento de pensiones del IMSS
Las víctimas entregaron sumas de hasta $100 mil pesos sin obtener resultados. Piden a la Fiscalía General de Justicia una investigación exhaustiva del caso
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Febrero
2026
Más de una veintena de personas pensionadas se manifestaron este martes en la Macroplaza de Monterrey para denunciar un presunto fraude cometido por el negocio identificado como Justicia Segura, el cual ofrecía incrementos en pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a cambio de fuertes sumas de dinero.
Los afectados señalaron como responsable a Gustavo Bazán, encargado de dicho despacho, quien fue detenido el pasado viernes en el municipio de San Pedro.
De acuerdo con los testimonios, las víctimas entregaron cantidades que en algunos casos superan los $100 mil pesos, con la promesa de obtener un aumento en su pensión y asegurar una vejez digna.
Angélica Nava, una de las afectadas, relató que en julio de 2023 firmó un contrato con Justicia Segura en Apodaca para que llevaran su caso por un accidente de trabajo y una pensión por invalidez.
Explicó que realizó pagos mensuales hasta completar $35 mil pesos; sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que su caso nunca fue atendido.
“Él nunca se presentó, no hubo audiencias, no hubo nada. Mi caso se quedó truncado y ahora está detenido en un tribunal colegiado con un amparo, lo cual me perjudicó porque dicen que no presenté pruebas médicas ni peritajes, cuando yo sí tenía toda la documentación”, denunció.
Otros afectados narraron situaciones similares. Uno de ellos aseguró que, tras recibir una pensión de poco más de $12 mil pesos, los presuntos responsables le exigieron hasta el 30 por ciento del monto otorgado, lo que representó alrededor de $39 mil pesos, pago que realizó y del cual conserva recibos.
Los denunciantes afirmaron que todos los contratos tienen el mismo formato y que el dinero fue entregado bajo la promesa de gestiones legales que nunca se realizaron.
Señalaron además que entre los afectados hay personas enfermas, con movilidad limitada y en condiciones vulnerables.
Ante esta situación, los pensionados exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado que el caso no quede impune, que Gustavo Bazán no sea puesto en libertad y que se garantice la devolución del dinero entregado.
Asimismo, pidieron que se investigue a otras personas que presuntamente colaboraban en el despacho, entre ellos un abogado identificado como Roberto.
Los afectados confirmaron que ya existen denuncias formales interpuestas ante la Fiscalía y esperan que las autoridades den seguimiento al caso y finquen responsabilidades.
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