Francisco Cabeza de Vaca sigue con orden de aprehensión vigente

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca cuenta con una orden de aprehensión que sigue vigente por delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero.

El titular del Juzgado Séptimo del Distrito de Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo Yáñez, rechazó conceder la protección tanto para el exmandatario estatal, como para cuatro de sus familiares.

Cabeza de Vaca cuenta con dos órdenes de aprehensión. La primera se liberó el pasado 04 de octubre de 2022, mientras que la segunda fue el 14 de febrero de 2024.

Autoridades federales continúan en búsqueda de aprehender al exgobernador de Tamaulipas, debido a que se encuentran en búsqueda de tramitar el su extradición de Estados Unidos. Esto sucedió luego de descartar el amparo a favor tanto de García Cabeza de Vaca como para cuatro de sus familiares, entre los que figura su esposa y su madre.

Estos son los familiares a los que les fue rechazada la solicitud

Entre los familiares figuran las siguientes personas:

• Su esposa, Mariana Gómez Leal
• Su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger
• Su hermano, José Manuel García Cabeza de Vaca
• Su cuñada, Evelyn Aimee Rodríguez Garza

En tanto, el trámite para su hermano Ismael García Cabeza de Vaca fue cancelado, debido a que no contaba con ninguna orden de aprehensión.

Abogados de defensa de Cabeza de Vaca aseguraron que su cliente es blanco de una supuesta persecución política, la cual, según ellos, inició desde 2019.

Inhabilitan a juez por conceder amparos 

El Tribunal de Disciplina Judicial inhabilitó a los jueces que determinaron conceder la protección al exgobernador de Tamaulipas.

Este juzgador Fernando "N", es acusado de incurrir en “faltas graves” que "afectaron la administración de justicia”.

De acuerdo con la resolución, el juzgador emitió determinaciones que favorecieron al exgobernador, debido a que concedió diversos amparos que obstaculizaron su captura, así como la acción de justicia en su contra.

La Comisión concluyó que no se trató de un criterio jurídico distinto, sino de un patrón de irregularidades. Dicha suspensión tendrá una duración de aproximadamente un año, lo que impedirá al juez desempeñar cargos, empleos o comisiones relacionadas con el servicio público.

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