Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
El próximo fiscal recibirá una FGR con casos emblemáticos sin avances, como los de Adán Augusto López, hijos de AMLO y Fernández Noroña
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Noviembre
2025
La silla del fiscal general de la república llega con un peso imposible de ignorar, una montaña de expedientes pendientes que representan uno de los mayores desafíos institucionales del país.
Quien encabece el Ministerio Público Federal no sólo deberá administrar una dependencia en crisis, sino romper con la inercia de impunidad que ha permitido el estancamiento de casos emblemáticos de corrupción, abuso de poder y protección política.
No se trata de un relevo burocrático más, sino de un cambio de rumbo profundo que ponga fin a la opacidad y reactive las carpetas de alto impacto que aún esperan justicia.
Casos que exigen resultados
La Fiscalía arrastra investigaciones que por sí solas exhiben la pérdida de credibilidad institucional.
Entre los más delicados están las denuncias penales contra el senador Adán Augusto López Hernández, las acusaciones no esclarecidas contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y las solicitudes de revisión patrimonial al senador Gerardo Fernández Noroña.
Tres frentes distintos, pero con un denominador común: la falta total de respuesta judicial.
Adán Augusto López: 37 denuncias en el limbo
En octubre de 2025, la FGR recibió 37 denuncias contra López Hernández, impulsadas por la exdiputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien documentó irregularidades por más de $765 millones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante su gobierno en Tabasco (2019-2020).
Los informes incluyen pagos a empresas fantasma, contratos inflados y posible cohecho.
Pese a las pruebas y a la petición de que se llame a declarar a exfuncionarios de su administración, no existe hasta ahora una sola diligencia conocida, ni citatorios, ni inmovilización de cuentas, ni proceso judicial en curso.
A ello se suma que la Notaría 27, propiedad del propio López Hernández, ha sido señalada por su presunta participación en la creación y protocolización de empresas fantasma vinculadas a triangulaciones de recursos públicos.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que desde esa notaría se constituyeron sociedades involucradas en desvíos por $464 millones provenientes de Pemex, parte del entramado de La Estafa Maestra.
Los documentos oficiales del SAT y de la ASF mencionan varias de esas firmas como piezas clave de operaciones simuladas.
La indiferencia ante las denuncias contra los hijos de AMLO
En los últimos años, legisladores de oposición han solicitado sin éxito que la Fiscalía investigue los posibles contratos y beneficios económicos obtenidos por los hijos del expresidente López Obrador.
A José Ramón, Gonzalo Alfonso y Andrés López Beltrán se les ha relacionado con empresas proveedoras de obras estratégicas como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, además de presuntos conflictos de interés y enriquecimiento ilícito.
Las denuncias, presentadas entre 2023 y 2024, fueron respaldadas con documentos de la ASF y publicaciones de medios nacionales.
Sin embargo, la FGR no ha confirmado la apertura de carpetas de investigación, y cuando se le ha requerido información oficial, responde que “no existen elementos suficientes para proceder”.
El silencio institucional alimenta la percepción de protección selectiva en torno al círculo familiar del poder.
Gerardo Fernández Noroña: patrimonio bajo sospecha
Otro caso que la FGR mantiene sin avances es el del senador Gerardo Fernández Noroña, sobre quien pesan denuncias por peculado y enriquecimiento ilícito.
En octubre de 2025 se difundió que el legislador viajó en un jet privado con matrícula extranjera hacia tres ciudades de Coahuila, con gastos superiores a $250 mil, incongruentes con su salario oficial.
La denuncia pide revisar la procedencia de los recursos y sus declaraciones fiscales y patrimoniales, pero la Fiscalía no ha emitido informes de actuación.
A ello se suma la polémica por la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos, señalada por MCCI como asentada en un predio rústico inscrito a nombre de un tercero.
Autoridades comunales y municipales cuestionaron la legalidad de la operación y pidieron revisar su situación agraria.
La FGR recibió una denuncia de hechos por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se solicita verificar la procedencia de los fondos.
Noroña ha asegurado que la propiedad fue adquirida a crédito hipotecario y que sus ingresos bastan para cubrir el pago.
Los otros pendientes que evidencian la crisis
El próximo titular de la Fiscalía también heredará carpetas emblemáticas que continúan sin resolverse:
El caso Odebrecht, aún sin sentencias firmes pese al arresto de Emilio Lozoya; el caso Ayotzinapa, dividido entre versiones oficiales y contradicciones periciales; y el escándalo de Segalmex, con un daño superior a 15 mil millones de pesos y sólo mandos medios procesados.
Además, deberá atender las investigaciones sobre el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, señalado como presunto campo de concentración del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como el entramado del “Huachicol Fiscal”, que involucra a marinos, exfuncionarios de aduanas y empresarios.
Otro frente prioritario será el expediente sobre Raúl Rocha Cantú, dueño de la organización Miss Universo México, acusado de encabezar una red criminal de tráfico de armas, combustible y drogas vinculada tanto a La Unión Tepito como al CJNG.
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