Nuevo León

'El Poder Judicial hizo una barrabasada': Waldo Fernández

El diputado condenó que el Congreso haya votado por un presupuesto 'pirata', mientras que un nuevo Presupuesto 2023 será presentado por el Gobernador.


  • 17
  • Diciembre
    2022

El diputado Waldo Fernández, denominó como 'una barrabazada' que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León le exigiera al gobernador Samuel García la presentación del presupuesto 2023 y calificó del mismo modo que el Congreso Local hiciera su propio presupuesto. 'Una máxima que existe para las autoridades es que no pueden revocar sus propios mandamientos o sus propias resoluciones.', aseguró el Fernández.El diputado resaltó cuando el Congreso votó por un 'presupuesto pirata' que no llegó por parte del gobernador y con lo exigido por el Poder Judicial, quedaría imposibilitada la opción de votar un nuevo presupuesto. 'En el caso del Congreso en un mismo periodo, no puedes votar dos presupuestos.', dijo.'Imagínense que el gobernador mandara un presupuesto, no se puede votar ya un nuevo presupuesto si lo envía envía el gobernador porque el Congreso ilegalmente ya votó un presupuesto, es una verdadera vergüenza lo que que está pasando en Nuevo León en esta relación tóxica.', aseveró.En opinión de Fernández, el Poder Judicial debido mantenerse al margen luego de que que diera a conocer que el Congreso ya había votado por un presupuesto. 'En manos de quien estamos los y las ciudadanos de Nuevo León cuando se pasan la ley 'entre las patas', cuando no cumplen la Constitución.', puntualizó.Waldo Fernández, señaló esta acción como una violación a la ley. Durante un comunicado emitido por el Congreso Local se dio a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ordenó a Samuel García enviar a la brevedad posible su proyecto de presupuesto de egresos para el año 2023. De esta forma el Poder Judicial se suma a la pugna que sostiene el poder Ejecutivo y el Legislativo por el Paquete Fiscal del próximo año. En dicho comunicado se precisó que de no atender la medida, García corre el riesgo de gobernabilidad y el estado de derecho del Estado.


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