Dictan prisión preventiva a Diego 'N', alcalde de Tequila
Junto al edil, también son señalados Juan Manuel ‘N’, actual director de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel ‘N’, director de Catastro y Predial
- 06
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Febrero
2026
Tras una audiencia celebrada en el juzgado de Almoloya de Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) se dictó prisión preventiva contra el presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego "N", por su presunta participación en delitos relacionados con secuestro agravado.
Junto al edil, también son señalados Juan Manuel ‘N’, actual director de Seguridad Pública municipal, y Juan Gabriel ‘N’, quien se desempeña como director de Catastro y Predial.
Así fue la audiencia
Durante la comparecencia, la defensa de los tres funcionarios solicitó que se duplicara el término constitucional a 144 horas para resolver su situación jurídica.
Ante esta petición, el juez de control determinó que la audiencia se reanudará la próxima semana, fecha en la que se definirá si los imputados serán vinculados a proceso.

Los cargos: Coacción política y extorsión
La investigación de la FGR vincula a los funcionarios con dos eventos delictivos de alto impacto en la región, el primero es el supuesto "levantón" de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, quienes fungían como precandidato de Morena a la alcaldía y su suplente, respectivamente. Según las pesquisas, ambos fueron privados de su libertad y obligados a firmar sus renuncias bajo coacción.
El otro hecho que se investiga es el presunto secuestro agravado en perjuicio de un comerciante local, a quien habrían privado de su libertad por negarse a pagar derecho de piso.
Escándalo en Tequila
La captura de Diego "N" y sus colaboradores representa un golpe significativo a la administración actual de Tequila, pues todo apunta a una red de complicidad institucional donde se utilizaban los recursos y mandos de seguridad municipal para amedrentar a opositores políticos y extorsionar al sector comercial.
El traslado del caso al Estado de México subraya la gravedad de las acusaciones y la intervención directa de la federación para garantizar la seguridad del proceso judicial, debido a la peligrosidad y el cargo de los involucrados.
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