La asociación ciudadana Regio Poder presentó formalmente ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa de nueva Ley de Transparencia del Estado, denominada "Ley Ojo Regio".
Los promotores urgieron a los legisladores a aprobarla de inmediato, señalando que la legislación local debió haberse homologado a la federal desde junio pasado.
El objetivo central de la propuesta es garantizar que la comunidad tenga un acceso real y sencillo a la información pública para fiscalizar y conocer a detalle cómo se utiliza el dinero del erario.
El documento, con el subtítulo "Transparencia Real Ya”, consta de 187 artículos y 15 transitorios.
Fue entregado este lunes en la Oficialía de Partes del Congreso por representantes de Regio Poder, entre quienes se encontraban el empresario Fernando Canales Stelzer, el fiscalista Juan Carlos Pérez Góngora, Víctor Zorrilla y Sandrine Mollinard.
Fernando Canales Stelzer, expresidente de Canaco, explicó la urgencia de la reforma.
“Debió de haberse homologado en junio para tener acceso a todos los datos públicos para una mejor vigilancia de en dónde se utilizan los recursos, que todos los ciudadanos puedan tener acceso fácil”, explicó Canales Stelzer, expresidente de la Canaco.
Uno de los pilares de la "Ley Ojo Regio" es la creación de un Consejo de Transparencia con fuerte representación ciudadana, similar al modelo de Agua y Drenaje de Monterrey.
El fiscalista, empresario, exdirectivo de FEMSA y exlíder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Carlos Pérez Góngora detalló su composición: Tres representantes de gobierno, cuatro de universidades y cinco de asociaciones y cámaras.
"El Consejo vigilará que todas las dependencias suban la información. Si no, ese Consejo les va a pedir a las dependencias que tienen que cumplir”, aclaró Pérez Góngora.
La iniciativa empodera al ciudadano: si no obtiene la información pública solicitada, podrá interponer un recurso de revisión ante el Consejo, el cual tendrá la facultad de exigir la entrega de los datos.
En caso de que un funcionario incumpla con la entrega de información requerida, la ley contempla sanciones que irían de 30 mil a 150 mil pesos y el funcionario podría ser inhabilitado del servicio público.
Regio Poder, la plataforma impulsora, está integrada por empresarios y líderes comunitarios cuyo fin es promover la participación ciudadana en política y la transparencia como motores de cambio, además de impulsar nuevos perfiles para cargos públicos.
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